Los datos oficiales son verdaderamente alarmantes: en la década señalada, el INEGI ha contabilizado un total de 128,752 homicidios, de los cuales 78,890 se cometieron entre 2006 y 2010, es decir, en la administración del presidente Felipe Calderón; la suma señalada equivale al 61.2% del total de los asesinatos que se cometieron en la década pasada.

Pero en este horripilante recuento de datos sobre muertes provocadas por la acción homicida, hay una parte aún más siniestra: ésta se encuentra en el hecho de que INEGI contabiliza entre los años 2001 y 2010 un total de 14,976 asesinatos de niñas, niños y adolescentes que al momento de morir tenían menos de 19 años.

La cifra anterior da un promedio anual de 1,497 homicidios de niñas, niños y adolescentes en el segmento de edad señalado, lo que implica también un promedio diario de cuatro asesinatos.

Si se siguen analizando las cifras y se desagregan por bloques específicos de edad, puede darse perfecta cuenta de lo horrendo de nuestra realidad social; así, en los 10 años señalados se cuentan 748 homicidios de menores de un año, teniendo a 2009 como el año más violento en contra de este grupo de edad en la década, con un total de 105 homicidios.

La cifra crece dramáticamente en el siguiente grupo de edad, que va de uno a cuatro años. Entre ellos, INEGI contabiliza 1,096 homicidios en 10 años, es decir, 109 casos anuales, teniendo una vez más al año 2009 como el más violento de la década, con 127 casos, seguido de 2010, con 123 homicidios.

Para las niñas y los niños que tenían entre 5 y 9 años al momento de morir, el INEGI tiene un registro de 688 homicidios, es decir, 68 casos cada año en la década pasada, con el peor indicador registrado en 2009, con 82 casos de homicidios de niñas y niños en ese grupo de edad.

Para el grupo de edad que le sigue, esto es, para quienes tenían entre 10 y 14 años al momento de perder la vida, INEGI contabiliza un total de 1,642 homicidios entre los años 2001 y 2010, con el peor indicador en 2009 y 2010, años en los que se registraron 185 y 194 homicidios de niñas y niños en el segmento de edad señalado.

Finalmente, para el grupo de los adolescentes de 15 a 19 años, la cifra crece en prácticamente más de 10 veces lo registrado para el grupo previo; en efecto, INEGI informa de una tétrica cifra de 10,852 asesinatos en los 10 años que se comentan, es decir, un promedio anual de 1,085 casos; o bien, tres homicidios al día de adolescentes, de los cuales prácticamente el 80% eran hombres y 20% mujeres.

En 2006 el Informe del secretario general de la ONU, con datos a 2004, nos alertaba que México era uno de los países con mayor violencia contra las niñas y los niños; y, en particular, de violencia extrema expresada en los asesinatos.

Ahora, en 2012, con datos actualizados a 2010, puede sostenerse que, ante la evidencia de importantes incrementos en los últimos dos años en el número de asesinatos de niñas, niños y adolescentes, México es un peor país que hace 6 años en lo que a protección de la infancia se refiere.

Toda muerte de una niña o un niño es inaceptable, cuando se trata de muertes evitables o en exceso evitables, como en el caso de los decesos por desnutrición o enfermedades infecciosas, en cuyo caso se trata de fallecimientos por negligencia de la autoridad en la generación de políticas públicas efectivas para el adecuado cumplimiento de los derechos de la infancia.

Sin embargo, aquí se habla de asesinatos, es decir, de casos en los que por el ejercicio del sadismo y la violencia homicida, miles de niñas y niños están perdiendo la vida. Frente a ello, no hay ninguna excusa para seguir permitiendo que la violencia prolifere. Ante todo esto, vale la pena preguntar: ¿y los programas para la prevención de la violencia intrafamiliar?; ¿y los recursos para fomentar una cultura de paz y cuidado de los más frágiles y vulnerables?

Lo que los datos nos muestran es una terrible cadena de incapacidades y, lo peor de todo, una profunda indolencia de las autoridades responsables del cuidado de la niñez; en evidencia, lo que hace falta de manera urgente es la construcción de una nueva generación de políticas para la protección y garantía de los derechos de la infancia y adolescencia, porque la aterradora cifra de casi 15 mil asesinatos de niñas, niños y adolescentes menores de 19 años en una década es, además de intolerable, motivo de una profunda vergüenza nacional.

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