El 13 de octubre de 2011 el Diario Oficial de la Federación publicó la adición al artículo cuarto de la Constitución, que señala: Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. No se puede negar que este reconocimiento es un gran logro en materia del derecho a la alimentación y armonización con los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte. No obstante, y en forma contradictoria a lo establecido en la Carta Magna, desde hace varios meses se ha evidenciado la alerta sobre el trance de pobreza e inseguridad alimentaria en el que viven 28 millones de personas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene la obligación de profundizar sus investigaciones y valorar las pruebas gráficas y técnicas que presentó el pasado jueves por la mañana a la opinión pública el ex procurador de justicia de Guerrero en el programa de radio más escuchado del país, para precisar, cuanto antes, con claridad la identidad y las responsabilidades de los cuerpos policiacos y de las autoridades que participaron o estuvieron involucradas en la realización de los reprobables hechos acaecidos hace ya un mes en la autopista del Sol, así como dar cuenta de ello sin dilación a la sociedad. Para eso es necesario que pondere y determine la sucesión cronológica de cómo se dieron esos lamentables acontecimientos, y que analice y en su caso revise los dictámenes técnicos de balística que se ofrecen sobre las trayectorias de las balas que segaron la vida de los estudiantes Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.