La historia, cuando su análisis se asume con seriedad, no será jamás un recuento anecdótico de hechos; menos aún la narración cronológica de eventos emblemáticos; por el contrario, puede ser una fecunda fuente que nos orienta y nos da lecciones sobre cuestiones fundamentales como la importancia de construir un proyecto de nación justa y generosa.

Frente a lo que ocurre en la Sierra Tarahumara y en general la existencia de 12 millones de personas que viven en el margen del hambre todos los días en nuestro país, puede sostenerse que el Estado mexicano vive en una situación permanente de incumplimiento constitucional, lo cual es de una gravedad mayúscula.

En ese sentido vale la pena destacar dos recientes reformas: la relativa a los derechos humanos y la relativa al interés superior de la niñez. Si nos atenemos a su redacción, entonces el Estado se encontraría en una falta grave porque no tenemos evidencia de que se esté destinando hasta el máximo de los recursos disponibles para la protección de los derechos de la niñez, que es lo que implica la interpretación del nuevo texto.

El argumento para seguir incumpliendo con ese y otros derechos sociales es y ha sido siempre el mismo: no hay recursos suficientes para hacerlo. Sin embargo, cabe hacer la pregunta de si con un Presupuesto de 300 mil millones de pesos anuales no es posible evitar el hambre.

Desde mi perspectiva esa es la cuestión de fondo, porque entonces lo que estaría a debate es el sistema y la racionalidad con la que se fijan las prioridades del Estado y los mecanismos para alcanzar las metas y objetivos trazados.

Lo más preocupante al día de hoy es que, una vez más, ni los precandidatos a la Presidencia de la República ni quienes aspiran a un cargo en la Cámara de Diputados o de Senadores, han presentado un proyecto serio, a fin de construir las condiciones estructurales requeridas para dar pleno cumplimiento a los mandatos constitucionales.

No será aceptable que una vez más las campañas políticas y el derroche de recursos que implican, se articulen sólo para movilizar estructuras electorales, y que no se asuma la responsabilidad de construir las plataformas de diálogo que nos urgen para reconducir el rumbo del país y abatir, pero ya, las oprobiosas condiciones de frustración y desesperanza nacional.

Desde esta perspectiva, será inaceptable que en las campañas se simule una vez más con la construcción de programas de gobierno a través de los ya trillados “foros de análisis”, y se eluda la magnitud del reto que implica diseñar una nueva lógica de gobierno dirigida a la ampliación constante del bienestar.

Honrar a quienes tuvieron el arrojo de construir una nueva Constitución para nuestro país hace 95 años, implica tener el arrojo ahora de darle viabilidad y sentido a una nueva institucionalidad para asumir plenamente lo que a mi juicio es el más fuerte pilar y herencia de nuestra historia patria: el anhelo imperecedero de concretar la Justicia Social.

*Director del CEIDAS

2012-02-06 00:00:00