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Rolando Cordero Campos -- Posted by azy on Monday, March 1 2010
Las horas del relojRolando Cordera Campos Domingo 28 de Febrero del 2010
Hace ya muchos años, al firmar las últimas medidas de la Gran Sociedad del presidente Johnson, nada menos que Richard Nixon declaró: ahora todos somos keynesianos. Como lo fue a lo largo de su tempestuosa vida, este truculento administrador del imperio lo mismo decidió la muerte de Allende y la Unidad Popular que abrió el mundo bipolar con el establecimiento de relaciones con China, pero ante todo fue ave de mal agüero y a partir de su dicho el país de Roosevelt empezó a ser el de Reagan y los adoradores del juicio final que con W Bush asolaron la patria de las libertades civiles que tanto embate resistió del macartismo y otras derivadas de la guerra fría. Con Carter se abrió paso el verbo neoliberal y con el actor presidente adquiriría velocidad huracanada, inspirado por las ínfulas de revolución total de Margaret Thatcher: del no hay tal cosa como la sociedad de la baronesa, a el gobierno no es la solución sino el problema del soplón de Hollywoood que desmanteló lo que quedaba de la utopía realista del New Deal; la elite del poder estadunidense, y con ella casi todas las del mundo avanzado, se abocaron a realizar la revolución de los ricos que el fin del régimen bipolar y el desplome soviético hacía factible y, para ellos, justa y necesaria. En nuestros lares se recibió este mensaje revolucionario con un extraño sentido de pertenencia, como alguna vez dijo José Antonio Ocampo, secretario de la Cepal, ahora en la Universidad de Columbia. Haya sido como haya sido, por las devastadoras crisis financieras de los años 80 o los demoledores brotes dictatoriales que quisieron fundar hasta una nueva civilización, cristiana y de mercado, como en la Argentina de Videla y Martínez de Hoz, o por la simple fuerza de las cosas y la dependencia contumaz de las modas del imperio que ha acompañado a nuestras capas dominantes, la fe liberista se abrió paso a sangre y fuego (y Chicago Boys) en Chile, o merced a la derrota de militares o la corrosión de partidos prácticamente únicos como en Brasil y México, y se impuso como reflejo instantáneo no sólo en los humores mediáticos y clasemedieros sino en el corazón mismo de las economías políticas de la región, donde tanto empeño y esfuerzo se invirtió para inventar sociedades dinámicas basadas en la industrialización y el empleo formal, bajo la dirección más o menos consistente pero no siempre sabia y eficiente, de sus estados. La implantación del fideísmo mercantil, junto con la retracción de los estados, no trajo consigo patrias mejores y seguras, ni auspició que el progreso adviniera. El avance material y económico logrado tiene su fuente más bien en la violación abierta o sibilina del supuesto orden liberal globalizado, realizada por gobiernos urgidos de algún giro social y productivo ante el reclamo irritado de poblaciones sacrificadas en el altar del cambio global por demasiado tiempo. Así lo muestran las historias recientes de Chile o Brasil, y la saga discreta de Costa Rica o Uruguay, donde contra viento, marea y veleidades tecnocráticas, pudo conservarse o reditarse un sistema de bienestar con Estado interventor. Donde se atrincheró la vocación revolucionaria del neoliberalismo fue en esta patria de las revoluciones plebeyas que se supone es México. Con frenesí, los nuevos liberales de fin de siglo, adueñados del poder del Estado y de su partido (el PRI), pronto olvidaron las lecciones de sus mayores, soslayaron la tradición del liberalismo social que Reyes Heroles había actualizado para ellos, desmantelaron las capacidades de intervención y conducción económica del Estado y acabaron extranjerizando el sistema nacional de pagos, reduciendo a su mínima expresión la banca de desarrollo, con implicaciones destructivas para el campo y la pequeña y mediana industria, donde se teje la cohesión social. Con esto, minaron las bases del propio proyecto de modernización globalizada que aterrizó en maquilandia, basado en una apertura ingenua a la que le atribuyeron virtudes taumatúrgicas y transformadoras. Ahora, el México siempre fiel no encuentra refugio ni consuelo ni con la morenita, y se vuelve el territorio de la desprotección integral, social, pública, personal. Lo que reina es el miedo, y una sola certeza: la de que el destino nos alcanza y no en la mejor de las circunstancias, con una juventud desperdiciada y degradada y fortalezas productivas diezmadas y asediadas por nuevas oleadas de inclemente competencia internacional por mercados que se achican o crecen poco para las urgencias de los que sin esperanza en sus naciones buscan en el exterior la tabla salvadora del naufragio económico y social de una globalización que acabó siendo, en palabras de John Gray, un falso amanecer: una utopía destructiva, como dijo Karl Polanyi, de aquella otra gran transformación que llevó a Occidente a las tragedias de inicio del siglo XX. Ahora que todos somos reformistas, habría que tomar nota de esta historia del presente y no poner la carreta delante del caballo, como eso de aprobar para luego debatir. Como ocurrió con la revolución del cambio estructural del último cuarto del siglo XX, y ahora nos lo informan sus más conspicuos protagonistas, podemos, sin más, tirar al niño con el agua sucia de la bañera. Con el agravante de que el agua se acaba y los jóvenes cumplen años. http://www.jornada.unam.mx/
Mario Luis Fuentes -- Posted by azy on Monday, March 1 2010
Legitimidad y ruptura socialLa identidad nacional y lo social Mario Luis Fuentes
01-Mar-2010
La nación mexicana se encuentra fragmentada porque no hay suficientes canales de diálogo.
El intento de linchamiento de dos policías federales y el posterior enfrentamiento de la población con la policía del Distrito Federal en Milpa Alta; y el violento enfrentamiento entre los damnificados de Chalco y la policía, tienen un factor común: muestran que lo que se ha llamado el “estallido social” está en proceso y que el Estado no cuenta con mecanismos de interlocución legítimos con la ciudadanía. La imposibilidad de un diálogo y un acuerdo racional y pacífico entre las fuerzas del orden y los gobernados implica un asunto mayor que exige una urgente reflexión, dirigida a reconstituir los puentes sociales de comunicación. A partir de la década de los 80, en el siglo pasado, el “adelgazamiento” del Estado en lo administrativo y lo económico fue acompañado de un proceso paralelo de ruptura de los mecanismos “tradicionales” de mediación social: sindicatos, organizaciones campesinas y obreras, organizaciones sociales de base y otras estructuras comunitarias de participación o fueron desmanteladas o simplemente dejó de apoyárseles. El problema es que desde una idea del poder basada en el individualismo a ultranza, las estructuras de mediación han sido consideradas como innecesarias y hoy hemos llegado a una compleja situación en la que, ante la ruptura del orden social y legal, el Estado no cuenta con los instrumentos ni las capacidades de interlocución para procesar las demandas ciudadanas y para restablecer el orden con base en criterios de justicia y equidad. Erosionar o abandonar desde la autoridad a las estructuras comunitarias ha tenido como contraparte el surgimiento de formas autónomas de gestión y organización social, que incluso han sido capaces de generar redes de protección social, al margen del ámbito institucional. ¿Cómo procesar y comprender estas nuevas formas de organización y participación comunitaria? ¿Cómo darle sentido y cómo darle cause a la acción institucional para apoyar y respaldar a estas nuevas estructuras? Quizá lo más complejo sea comprender cómo la violencia está presente y latente en muchos de estos espacios, y cómo comprender incluso la interacción que el crimen organizado ha establecido en distintos ámbitos territoriales, construyendo mecanismos de gestión social, tales como el establecimiento de dispensarios médicos, consultorios y construcción de infraestructura social. Hay muchas preguntas por plantear y muchas respuestas que construir. Sin embargo, el tiempo apremia y es urgente que las instituciones del Estado, en todos sus ámbitos y niveles, implementen nuevos mecanismos de mediación para procesar el conflicto, pero que sobre todo tengan la capacidad de reconducir el pacto social. La nación mexicana se encuentra fragmentada porque no hay suficientes canales de diálogo y, como consecuencia, se ha perdido la capacidad de, en la diversidad y la pluralidad, construir un sentido compartido de presente y futuro. Estamos ya ente una disyuntiva que en general tiene dos vertientes: o permitimos que la violencia y la fragmentación social se agudicen o reconstruimos un intenso diálogo público social en aras de intentar rediseñar al Estado para que encuentre en la interlocución social nuevas estrategias compartidas de desarrollo, inclusión y equidad. Lo evidente es que la primera ruta no es transitable. El problema está en que carecemos de los liderazgos suficientes para articular un proceso para enfilarnos hacia la segunda; lo cierto es que urge actuar, y ante la magnitud de nuestros problemas nadie puede ya sustraerse de cumplir con su responsabilidad. *Director del CEIDAS, A. C. mlfuen@ceidas.org Saúl Arellano -- Posted by azy on Monday, March 1 2010
El PRD o de cómo una elección bien vale una misa Saúl Arellano La Crónica Domingo 28 de Febrero de 2010 Es mala noticia la incongruencia político-ideológica mostrada por el PRD en los últimos meses. Bastó con que la Iglesia católica los señalara como sus enemigos, para que en menos de un mes ese partido haya enviado a una de sus figuras más emblemáticas a congraciarse con la jerarquía eclesial. El senador Pablo Gómez presentó el pasado jueves una iniciativa de reforma constitucional para permitir que todo ministro de culto participe y opine abiertamente en actividades políticas. Los argumentos del senador Gómez son a todas luces equívocos. Sostiene que la prohibición constitucional respecto a que los ministros de culto no puedan participar en política es además de arcaica, injusta; pues a nadie, por el sólo hecho de practicar una profesión, pueden limitársele sus derechos. Tiene razón el senador Gómez cuando señala que la libertad de expresión, así como los derechos políticos forman parte de los derechos humanos. Sin embargo, de ello no se sigue que sea injusto prohibir a los sacerdotes o ministros de cualquier religión, participar en política. La iniciativa del senador Gómez pretende modificar el inciso “e” del artículo 130 constitucional, el cual dice a la letra: “e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios”. El legislador argumenta que este inciso viola los derechos de los curas y otros ministros, porque hay operadores de programas sociales, líderes sindicales y otro tipo de personajes, que tienen mayor capacidad de coaccionar el voto, y que no por ello se ha pretendido limitar sus derechos políticos. Empero, la entelequia que constituye la propuesta de reforma al 130 obvia un hecho: el Cofipe establece sanciones para que aquellas personas que aprovechándose de su cargo en el servicio público, o bien utilizando programas o recursos públicos, hagan proselitismo electoral a favor de cualquier partido o candidato. Hay disposiciones similares en la Ley General de Desarrollo Social. Si un funcionario viola la ley, debe ser acusado por delitos electorales y hacerse acreedor de una sanción. Si un presidente municipal, un director general, un diputado o senador, argumentara que se le están conculcando sus derechos humanos o políticos por tener prohibido hacer proselitismo desde su investidura, estaría simplemente en un error. Dice en el texto de su iniciativa el senador Gómez: “Una República democrática no puede establecer limitaciones de derechos por motivos profesionales y el sacerdocio es una profesión. En realidad, el Estado laico concede algo de lo que le es inherente cuando crea estados de excepción y concede aún más cuando establece leyes discriminatorias inaplicables en lo cotidiano”. Una vez más se equivoca el Senador. El sacerdocio no es una profesión. Si así lo fuera, exigiría el pago de impuestos, y que yo sepa ningún ministro de culto hace declaraciones a Hacienda por las misas que oficia o los servicios religiosos que presta. Esto está relacionado además con el hecho de que tener derechos plenos de ciudadanía implica tener también responsabilidades plenas de ciudadanía. Si las iglesias demandan derechos políticos, deberían entonces declarar anualmente sus ingresos por colectas, limosnas y los demás recursos financieros que manejan, y en consecuencia, pagar el 30% de ISR, IETU y las demás responsabilidades fiscales que tenemos todos los ciudadanos. Dice además el senador Gómez: “Está claro que el alto clero no admite que las leyes del Estado puedan desobedecer los mandatos clericales, pero no es con la supresión de derechos de los sacerdotes como tal asunto podría resolverse sino con el ejercicio más completo de la democracia, con decisiones mayoritarias luego de debates abiertos sin exclusiones”. Una vez más se equivoca. El inciso “e” del artículo 130 no suprime derecho alguno. Si se lee con cuidado, lo que hace es establecer reglas precisas para proteger la democracia. Al senador Gómez se le olvida que la democracia es el discurso de todos los discursos posibles, excepto aquel que atenta contra la propia democracia; y a todas luces, el discurso que sostiene que “las leyes de Dios” están por encima de las de los hombres es simplemente un discurso que niega la posibilidad de un régimen democrático de libertades. Así como a los funcionarios públicos no se les niega su derecho a opinar y a hacer proselitismo fuera de sus funciones, a los ministros de culto tampoco. Lo que queda claro es que el PRD está buscando congraciarse con la Iglesia católica; quitarse el mote de “enemigos de la Iglesia”; y tratar de “rescatar” el mayor número de adeptos católicos rumbo a la elección del 2012, al presentarse ya no sólo como respetuosos, sino ahora también como los “correveydile” del clero. No es comprensible que alguien como Pablo Gómez haya escenificado una de las escenas más lamentables de Metamorfosis ideológica, pasando de ser un distinguido miembro del Partido Comunista, a un vocero de los intereses eclesiales. sarellano@ceidas.org
Enrique Del Val Blanco -- Posted by noticias on Monday, June 22 2009
Atentado contra la salud Enrique del Val Blanco 26-Feb-10 En una acción sin precedente y después de varios años de investigación, la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) determinó multar con 21.5 millones de pesos a varias empresas farmacéuticas, tanto nacionales como extranjeras, por haberse coludido para inflar artificialmente los precios y repartirse las licitaciones desarrolladas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para varios productos del cuadro básico de medicamentos del gobierno federal.
No estamos frente a un hecho aislado de este importante sector de la producción. En los medios de comunicación frecuentemente leemos acerca de las multas impuestas, sobre todo en Europa, donde las autoridades han encontrado colusión para acordar la fijación de precios.
Si en todas las ramas de la producción la corrupción es un hecho lamentable, la cometida por el sector farmacéutico es aún peor porque atenta contra la salud de los derechohabientes. Les importa un bledo su salud física y económica. Qué bueno que la Cofeco ha actuado y las ha sancionado. Aunque, como ya hemos leído, la cámara que las agrupa ha comenzado a defenderlas de inmediato, arguyendo elementos verdaderamente ridículos.
Habrá que estar atentos, pues es el inicio de una larga batalla legal, donde las compañías contratarán a los mejores abogados para encontrar el mínimo error de procedimiento y así echar abajo las sanciones. Esperemos que la comisión haya considerado todo esto.
Ahora bien, estas compañías le venden a diversas instituciones del sector público, por lo que habría que ahondar en las investigaciones. Ahora, la Secretaría de la Función Pública tiene la responsabilidad de hacer su trabajo y no dejar que estas situaciones sigan ocurriendo en detrimento de los mexicanos. Por lo pronto sería conveniente que se les suspendiera como proveedoras del gobierno, mientras se aclara la situación. Hay que pegarles en donde más les duele, que es en el bolsillo.
Seguramente todas las empresas involucradas, y quizás muchas otras que hacen lo mismo, se autodenominan “socialmente responsables”, pero no dicen que su objetivo es obtener el máximo lucro sin importar el daño que hacen. La Canifarma, en lugar de salir en bloque a defenderlas, debería poner las barbas a remojar e investigar qué tan “honorables y responsables” son sus afiliados.
Los gobiernos de todo el mundo están preocupados por las colusiones y los precios exagerados que cobran las empresas farmacéuticas. Ya hemos visto las artimañas de que se valen para evitar el vencimiento de sus patentes. La sociedad debe estar alerta y apoyar las acciones del Estado encaminadas a evitar esta exacción al erario público.
Al final, a pesar de que las multas queden firmes, habrán hecho un buen negocio ya que las utilidades rebasan por mucho el importe de éstas. Por tanto, la Cofeco y la Función Pública deben revisarlas permanentemente para, por lo menos, hacer cada día más costosa la corrupción del sector privado. Analista político y economista http://www.eluniversal.com.mx/
Federico Reyes Heroles -- Posted by noticias on Monday, June 22 2009
¿ Y los responsables? Federico Reyes Heroles 23-Feb-10
Las escenas se repiten. Las familias, casi siempre muy pobres, con los pies en el agua, barriendo con energía lo imbatible, recogiendo entre sollozos enseres, muebles, ropa. Algún día las aguas recuperarán su cauce y en esas viviendas habrá un recuerdo doloroso de un patrimonio que se fue con el agua. Eso cuando les va bien. Pero hay casos más graves, mujeres y hombres aparecen llorando en algún refugio, ya no tienen nada, la vivienda ha desaparecido, alguien también se ha ido para siempre. Año con año, cuando las lluvias nos recuerdan su poderío, ocurre lo mismo sobre todo en los estados con costa y con ríos caudalosos, pero igual en el altiplano, en todas partes.
Ahora fue en invierno y, para agravar la situación, fueron aguas negras las que invadieron miles de hogares. Una de las carreteras más importantes del país estuvo cerrada durante días y la historia dejó de serlo, por lo menos para los medios, ya no hay novedad, la recuperación será dolorosa y lenta. Las autoridades llevan paliativos, rara vez medidas de fondo. Primero fue el oriente del Valle de México, Chalco, Ciudad Nezahualcóyotl, etcétera. Pero no tardaron en aparecer otros casos de horror, Angangueo, Tuxpan en Michoacán. Cerros desgajados, colonias desaparecidas, familias destrozadas.
Todos estamos expuestos al infortunio, a ese rayo que desciende sin aviso y nos lleva. Pero si algo ha buscado el ser humano con el conocimiento es alejarse de lo que no es una desgracia sino consecuencia de la ignorancia y de la negligencia. México tiene un severo problema de asentamientos humanos en sitios no propios para la vivienda. La orografía no nos ayuda, la hoja arrugada sigue siendo un buen símil de nuestra condición. El país se encuentra en plena etapa de migración del campo a las ciudades, decenas de millones de mexicanos en las últimas décadas y en las próximas dos han buscado y buscarán asiento en las crecientes áreas urbanas. No podemos llamarnos a sorpresa: el proceso viene de lejos y continuará.
Sin embargo la irresponsabilidad de las autoridades municipales, estatales y federales pareciera no tener límite. Quién autorizó los asentamientos en Chalco o en Michoacán o en Villahermosa o en Acapulco o donde sea. Nadie sería la respuesta y si ese alguien existe será difícil imputarle alguna responsabilidad, porque al llegar al cargo el problema ya se había iniciado y al dejarlo continuaba. A ellos sólo les tocó administrar un brevísimo momento del proceso, por eso no hay responsables. No es un problema de información, basta revisar los excelentes mapas de riesgo de la Sedesol para ratificar lo que el sentido común indica: laderas, zonas lacustres, áreas con hundimientos, cauces de ríos, zonas con minas, etcétera, están hoy habitadas en espera de la tragedia. No nacen de un día al otro, son una realidad constante que conocemos. De allí el horror, muchas de las tragedias son predecibles.
La Federación, los gobiernos estatales o municipales, responsables por omisión, llegarán en auxilio de los damnificados. La Cruz Roja hará como siempre lo indecible para paliar los daños. Pero a la larga la población quedará a su propia suerte. Del empobrecimiento de esas familias ni siquiera hablamos. Pronto llegará otra tragedia que nos ocupará unos días. Pero algo no funciona. En el fondo de estas tragedias subyacen dos asuntos de nuestra vida pública. El primero es la no observancia de las delimitaciones para asentamientos. Eso no es negociable. En México seguimos la tradición de no mover a la gente porque ello es contrario a sus costumbres. Pero el hecho concreto es que los mexicanos se mudan todos los días y de forma masiva. Sin embargo la laxitud en la aplicación de las normas es total. Rara vez se respetan las zonas prohibidas para vivienda. ¿Por qué? Impedir los asentamientos en lugares indebidos es quizá de las acciones más impopulares que hay, pero alguien debe hacerlo. Fingir demencia es populismo puro. Las consecuencias están allí. Primer asunto: una muy débil cultura de la legalidad.
Pero hay otra explicación. Los municipios, el orden de gobierno más cercano a la vida cotidiana de los mexicanos, están institucionalmente impedidos de tener una visión de mediano plazo, ya no digamos de largo. ¿Qué presidente municipal asume la responsabilidad de un reordenamiento territorial serio cuando sabe que su vida política dura meses? Se acaba de dar a conocer un hundimiento muy importante en la delegación Tláhuac, se debe reubicar a más de 100 mil personas. Esa simple labor llevaría varios años. ¿Lo iniciará el jefe delegacional o tendremos que esperar a que haya muertos y desaparecidos para recordar lo que ya se nos anunció?
Ahora que el priismo ya dejó saber de su negativa a aprobar la reelección de los presidentes municipales, habría que preguntarles: ¿y quién les va responder en unos años a los habitantes de Chalco, Villahermosa, Angangueo, Tuxpan y un largo etcétera? Los verdaderos responsables están en San Lázaro.
http://www.reforma.com/
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