En este marco, se suscitó un intenso debate en torno a la conveniencia o no de llevar a cabo reformas de largo alcance a la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Especialistas en derecho y en particular, en la materia de la Ley, tales como César Camacho Quiroz, Patricia Olamendi y Rosario Robles Berlanga.

Así, en el panel “Retos del Marco Jurídico para Prevenir, Atender y Sancionar la trata de Personas”, los argumentos se dirigieron a señalar que la Ley vigente no se ha aplicado; que hay severos incumplimientos en su implementación, por parte del Gobierno Federal; se señaló además que el problema central no está en la Ley, sino en la impunidad y la corrupción, que han llevado a no dar cumplimiento al ordenamiento jurídico.

El marco jurídico existe, pero es deficiente 

El primer experto en intervenir fue el Mtro. César Camacho Quiroz, quien enfatizó la importancia de la protección de las víctimas, la cual definió como parte fundamental en la redacción de la ley contra la trata de personas.   

Quiroz aseveró que la legislación actual en la materia presenta un gran déficit en su implementación y efectividad, y criticó que el reglamento de la ley contra la trata de personas en México haya sido publicado hasta el año 2009, es decir, dos años después de la entrada en vigor de la ley federal.

Puntualizó que no existe un Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y que la Comisión Intersecretarial no está unida con las diferentes dependencias que la conforman.

Camacho Quiroz explicó que para poder luchar efectivamente contra la Trata es necesario que los dos ámbitos del gobierno, estatal y federal, estén vinculados y que la política nacional esté vinculada directamente con los Estados. Al respecto,   destacó que, de los 32 estados, sólo 15 tienen ley contra la trata de personas, y cuatro de ellos siguen considerando “la moral pública” como bien jurídico tutelado de este delito.

El ex Gobernador dijo también que “es bochornoso que sólo se hayan llevando 20 casos a los tribunales y, peor aún, que sólo se haya emitido una sentencia condenatoria”.

Expuso también que las diferencias en la fenomenología de cada entidad generan dudas respecto a la efectividad de la iniciativa que pretende crear la Ley General de la Trata de Personas, y citó como ejemplo el contraste que existe en la cantidad de municipios entre entidades como Oaxaca, donde hay alrededor de 500 municipios, y Baja California, con seis.

Debido a lo anterior, concluyó que la ley no debe hacerse general, ni el delito debe federalizarse.

Posteriormente, al hacer referencia a la elaboración de leyes locales contra la trata de personas, indicó que éstas deben tener como requisitos mínimos: ser de tipo penal; tener un protector cuyo bien jurídico tutelado sea el libre desarrollo personal; agravar penas cuando el delito se cometa contra menores de edad, indígenas o población vulnerable; castigar el grado de tentativa; y concentrar su interés en la víctima y en su familia.

César Camacho Quiroz concluyó su participación tras señalar que es muy conveniente para la población que organizaciones de la sociedad civil como CEIDAS tengan la vocación de realizar alianzas con los servidores públicos a fin de cumplir con dos objetivos claves de la ley contra la trata de personas: educar y prevenir a la sociedad ante este crimen.

La trata de personas, un tema que nos ha unido

La segunda participante del panel fue la Diputada Rosi Orozco, quien aseguró que todos los procuradores de los Estados de la República han firmado la iniciativa para que se realice el cambio al artículo 73 y la Ley Federal Contra la Trata de Personas cambie de “Federal” a “General”.

Orozco señaló que dicha ley incluirá 14 iniciativas de los diferentes partidos y se parecerá a la Ley General contra el Secuestro, pues brindará a las víctimas de trata el apoyo que actualmente reciben aquéllos que han sufrido un secuestro.

Con esta iniciativa de ley, la Presidenta de la Comisión Especial para la lucha contra la Trata pretende proteger a las víctimas de trata de interrogatorios incómodos y confrontaciones con los presuntos tratantes.

La Diputada destacó el esfuerzo de las autoridades colombianas, ya que en este país se han efectuado 67 sentencias condenatorias.

Prevención social, comunitaria, situacional y en el desarrollo de individuos

 Tras la participación de la Diputada Rosi Orozco, subió al presídium el Maestro Carlos Mercado, quien expuso que la trata de personas debe prevenirse mediante el incremento de las penas y el aumento de las capacidades operativas.

Mercado estableció que la dimensión social del delito depende de tres factores fundamentales: circunstancial,  estructural y motivaciones individuales.

El Director General de Promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres y Fortalecimiento del Tejido Social finalizó su participación al señalar que para prevenir la trata de personas son indispensables el respeto irrestricto a los Derechos Humanos; las perspectivas de género; la cultura de la legalidad y la participación ciudadana; además de incorporar a la legislación la prevención social, comunitaria, situacional y el desarrollo de individuos.

Es aterrador tener una estructura social que respalda la explotación

El panel concluyó con la participación de la Doctora Patricia Olamendi, quien habló de la “Conferencia Mundial sobre las Drogas en el Mundo” que se llevó a cabo en 1998, la cual definió como el origen de la prevención de la trata a nivel mundial.

Olamendi compartió con los asistentes el estudio de 57 casos de víctimas de trata que realizó en Oaxaca, el cual obtuvo los siguientes resultados: de acuerdo con el documento, existen en México muchos casos en los que la venta de niños la llevan a cabo los mismos padres –hecho frecuente en todas las entidades del país-; y los matrimonios entre menores de edad con el consentimiento de los padres son habituales, así como -en una relación de pareja-, el secuestro, abuso y explotación por parte del cónyuge.  

Dijo que, hasta ahora, el resultado de la evaluación de la Ley Federal de Trata no es muy halagador, ya que el resultado se traduce en “impunidad”, pues no hay respuesta de las procuradurías, los tribunales, la fiscalía o el gobierno federal.

Aseveró que los desafíos que enfrenta el gobierno en cuanto a la implementación de la Ley contra la Trata son la protección de la víctima; la generación de nuevas formas para investigar el delito; y la aplicación práctica de la ley y del protocolo.

Para concluir, Olamendi exigió a los legisladores llevar a cabo una evaluación seria del crimen.

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Entrevista a

ERNESTO NEMER ÁLVAREZ

Diputado Local por el Distrito 35, Presidente de la junta de Coordinación política del Estado de México.

¿Por qué cree importante la realización de Foros sobre la Trata de Personas?

CEIDAS ha tocado de manera transversal la trata de personas; es un tema latente, vivo, que merece toda nuestra atención, no sólo por los índices -de los que el Estado de México no se escapa-, sino por la complejidad del problema.

¿Cuál es la estrategia para prevenir la trata?

Visualizo dos tareas fundamentalmente: primero, resolver los problemas sociales, disminuir la pobreza y las diferencias entre pobres y ricos; de la gente que no tiene qué comer y por eso accede, bajo muchas presiones, para poder al menos alimentarse.

El segundo tema a resolver es la generación de empleos dignos, lo cual nos va a permitir erradicar la trata de personas.

¿Cuál es su plataforma desde la Cámara de Diputados?

Mi compromiso es muy claro, como lo dije en mi intervención, es urgente -para ayer, para antier, no para hoy- ponernos a trabajar a partir de este foro, después de escuchar a las expertas y expertos como César Camacho, la Maestra Olamendi, la Maestra Rosario Robles y la Diputada Rosi Orozco, quienes han venido trabajado en este tema por muchos años, y por tanto tienen una visión y un diagnóstico muy claro.

Ahora lo que haremos los Diputados es armar una iniciativa, a partir de las experiencias en otros estados y de lo que aquí se ha comentado, para que esta ley sea vigente, moderna y, sobre todo, que influya en la actitud de quienes la tienen que aplicar; es decir,  los jueces, los ministerios públicos y los magistrados,  para que la ley no sea letra muerta.

¿Qué metas tenemos respecto al combate de la trata?

Pronto. A una ley no se le pone fecha para su elaboración, porque es mucho más que eso; es ser responsables e incorporar el espíritu correcto de una iniciativa como la que se ha señalado aquí.

La ley federal ya está, y en algunos estados también, pero hay que adecuarla a las necesidades del Estado de México. Nuestro compromiso es que sea rápido con carácter urgente, pero si queremos tener una ley lo más acercada a la realidad  -aun cuando las leyes son perfectibles-, me parece que es muy importante que tengamos algo muy avanzado, de vanguardia, que permita abarcar todas las preocupaciones de los sectores en este tema.

Las metas a corto plazo son hacer la iniciativa de ley, sensibilizarla con todos los grupos parlamentarios y buscar su aprobación, que ojalá sea por unanimidad.